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Aclaraciones sobre los derechos fundamentales
Libro el despertar de las zebras

Tras observar en algunos medios una noticia de especial relevancia, que el Tribunal Constitucional por fin se pronuncia y va a declarar inconstitucional el primer estado de alarma, el aplazamiento en la publicidad de estos resultados se ha producido debido a la polémica que vivimos por los indultos concedidos a los 9 condenados por el procés, escribo este artículo para aclarar lo siguiente: Quiero iniciar el post, recomendando la lectura de una serie de artículos de la Constitución Española (en adelante CE), destacando los siguientes: el artículo 9, del artículo 14 al 30, el artículo 55; del artículo 81 al 86; el artículo 116

Según la RAE, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables. Y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Se encuentran ubicados en el capítulo 2, derechos y libertades; sección 1, de los derechos fundamentales y libertades públicas; del título 1, de los derechos y libertades fundamentales, de la Constitución Española, que comprende del artículo 15 al 29 de la CE.

SUSPENSIÓN DE DERECHOS

Vienen recogidos en el capítulo 5 del título 1 de la Constitución Española, concretamente en el artículo 55 de la CE, este dictamina lo siguiente:

En el estado de Alarma NO SE SUSPENDEN DERECHOS.

En el ESTADO DE EXCEPCIÓN se suspenden los derechos reconocidos en los artículos 17;  18, apartados 2 y 3; artículos 19;  20, apartados 1, a) y d), y 5; artículos 2128, apartado 2; y artículo 37, apartado 2, además de estos derechos podrán ser suspendidos solo en el ESTADO DE SITIO el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. (toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca).

En resumen, estos derechos son: el derecho a la libertad y seguridad personales; la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas; el procedimiento del «habeas corpus», regulado por LO 6/1984, de 24 de mayo,  para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente; el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; el derecho al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial; el derecho a la libertad de circulación y residencia. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos; derechos a la libertad de expresión, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A COMUNICAR O RECIBIR LIBREMENTE INFORMACIÓN VERAZ POR CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial; derechos de reunión pacífica y sin armas (sin autorización previa) y de manifestación, sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes (se dará comunicación previa a la autoridad); derecho de huelga.

 

ESTADO DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO

Vienen establecidos en el artículo 116 de la CE, expone lo siguiente:

  1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. (LO 4/1981, de 1 de junio)
  2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
  3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos de este, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
  4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.                          

MEDIDAS DEL ESTADO DE ALARMA

Quiero destacar los artículos 7, 10 y 11 del capítulo 2, el Estado de Alarma, de la LO 4/1981.

El artículo 7 dictamina que a los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de este, el presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad.

El artículo 10.1 expone que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. (…)

El artículo 11 expone que, con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, PODRÁN ACORDAR LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

  1. a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
  2. b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
  3. c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
  4. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
  5. e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

DE LA ELABORACIÓN DE LEYES

Vienen establecidos en el título 3 de la Constitución Española, las Cortes Generales; en su capítulo 2, de la elaboración de las leyes, quiero destacar los arts. 81, 82 y 86 CE.

El artículo 81 CE expone que son LEYES ORGÁNICAS LAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

El artículo 82 CE expone que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas NO incluidas en el artículo anterior. (según señalan del artículo 82 al 85 CE)

El artículo 86 CE expone que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de DECRETOS-LEYES y que NO podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

REAL DECRETO LEY Y REAL DECRETO LEGISLATIVO.

Real decreto ley, en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales.

Real decreto legislativo, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar leyes sobre materias que no estén reservadas a la Ley Orgánica.

DECRETO Y REAL DECRETO

Un decreto es una norma jurídica con rango de reglamento aprobada por los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas. Es un tipo de acto administrativo que emana del poder ejecutivo y legislativo que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es JERÁRQUICAMENTE INFERIOR A LAS LEYES. En este sentido, no deben contradecir a las leyes vigentes en ninguno de sus enunciados. Siempre prevalecerá lo que dice una ley por encima de lo que diga un decreto.

Cuando el decreto recibe la denominación de real se debe a que el Rey, como Jefe de Estado, lo expide, tal y como se establece en la Constitución Española, en particular, en el artículo 62 f. En el caso del real decreto, éste tampoco tiene carácter de ley, sino que se trata de una norma de rango reglamentario.

Debe quedar muy claro que tanto los DECRETOS como los REALES DECRETOS NO son considerados como leyes, ya que su rango normativo es el del reglamento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen excepciones y no hay que confundir el real decreto con el real decreto ley ni con el real decreto legislativo.

Es importante recordar el artículo 9.3 CE, en el cual se expone la jerarquía normativa, esto supone que una norma de rango superior prevalece sobre una norma de rango inferior, implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una norma de rango superior

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DURANTE LOS ESTADOS DE ALARMA

Para señalar las medidas del Gobierno de la nación, uso literalmente el contenido de su propia web, poniendo a continuación su enlace.

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/estado-de-alarma.aspx

El Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020 declarar el Estado de Alarma en todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

  • BOE – Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Durante el periodo establecido se decretó la restricción de la circulación de los ciudadanos, la garantía en el suministro de alimentos y productos necesarios para la salud pública, la regulación de la apertura de la hostelería, la restauración y los locales donde se realizaran actividades culturales, artísticas, deportivas y similares, la priorización del trabajo a distancia y la suspensión de la actividad escolar presencial. El ministro de Sanidad tuvo bajo sus órdenes directas a las autoridades civiles de las Administraciones Públicas de todo el país, en particular las sanitarias.

El objetivo de estas medidas era proteger la salud de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

El estado de alarma se prorrogó hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 en las mismas condiciones establecidas en el mismo y en las disposiciones que lo modificaron, aplicaron y desarrollaron. La superación de todas las fases del Plan de desescalada, aprobado el 28 de abril de 2020, determinó que quedaran sin efecto las medidas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales.

El primer estado de alarma por el COVID-19 concluyó el 21 de junio de 2020.

El Gobierno declaró el estado de alarma el 9 de octubre de 2020 con el fin de establecer las medidas necesarias para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

  • BOE – Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

El Gobierno aprobó el 25 de octubre de 2020 declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente es el Gobierno de la Nación. En cada comunidad o ciudad autónoma, la autoridad competente delegada es quien ostente su presidencia.

El estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 finalizó a las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre una prórroga del Estado de alarma por un periodo de 6 meses desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.

Durante el periodo establecido:

1) Se limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público entre las 23:00 y las 6:00 horas excepto para una serie de situaciones concretas.

La autoridad competente delegada podrá determinar, en su ámbito territorial, su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a su mejor situación epidemiológica.

2) Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma salvo para una serie de situaciones concretas, debidamente acreditada.

3) Se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

4) Se limita la permanencia de personas en lugares de culto: la autoridad competente delegada correspondiente fijará aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera resultar. Dicha limitación no podrá afectar al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.

Las medidas previstas en los puntos 1 (BOE – Real Decreto 956/2020), 2, 3 y 4 serán eficaces en el territorio de cada comunidad o ciudad autónoma cuando la autoridad competente delegada lo determine. Cada una podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.

  • BOE – Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
  • BOE – Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre de 2020, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
  • Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

 El segundo estado de alarma por el COVID-19 concluyó el 9 de mayo de 2021.

 

En resumen, el Tribunal Constitucional considera en la sentencia que considera inconstitucional el estado de alarma, empieza diciendo que las medidas que tomó el gobierno en aquel tiempo fueron idóneas, razonables, proporcionadas y parangonables con las medidas que tomaron los países de la Unión Europea. Sin embargo, en una situación que se suspendieron de facto los derechos fundamentales, como los mencionados, la declaración del estado de alarma no era suficiente, teniendo que haber declarado el estado de excepción. Quiero recordar que hubo un confinamiento severo.

En el segundo estado de alarma se ha planteado al Tribunal Constitucional por parte de jueces del TSJ de Aragón la legalidad del segundo estado de alarma por el hecho de la prórroga de 6 meses, que es anticonstitucional. Hemos visto anteriormente que el estado de excepción tiene una duración de 30 días con una prórroga de 30 días, y el estado de alarma tiene una duración de 15 días con posibilidad de prórroga, ¿pero 6 meses?. El estado de excepción marca el  límite de la prórroga en 30 días, pues 6 meses no es proporcional, se expone que esta prórroga ha convertido el derecho de excepción en ordinario

Y por otra parte, teniendo en cuenta, el artículo 7 de la LO 4/1981, mencionado anteriormente, queda en duda que el gobierno pueda delegar las competencias sobre esta materia en las Comunidades Autónomas, a lo largo de todo el periodo transcurrido durante el estado de alarma. Además, el gobierno tuvo tiempo de sobra para elaborar y aprobar una Ley Orgánica, para poder legislar sobre la problemática acontecida.

https://confilegal.com/20210625-el-constitucional-retrasa-el-debate-en-torno-al-estado-de-alarma-que-declaro-el-confinamiento-ante-la-division/

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-06-26/estado-alarma-constitucional-tsj-aragon_3152372/

 

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