Aclaraciones sobre el uso indebido de las tarjetas de estacionamiento de personas de movilidad reducida (TEPMR) originales, en relación con el art. 400 bis CP.
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La STS 1851/2021, de 06/05 expone que, carece de relevancia penal los hechos investigados, dado que no integran ni el delito previsto en el artículo 392 en relación con el artículo 400 bis CP ni en el artículo 393 en relación con el artículo 400 bis del Código Penal, por cuanto ni el uso se predica de un documento de identidad ni se menciona que haya sido en perjuicio de un tercero.

En el mismo sentido se expresó la Sentencia nº493/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018 de la Sección V de esta misma Audiencia Provincial: «no cabría condena en relación con el artículo 392 CP (que refiere el uso a los documentos de identidad, sin que las tarjetas de estacionamiento- tengan tal consideración, pues no sirven para identificar a sus titulares fuera de limitados contextos ni acreditan plenamente su identidad – SAP La Coruña, 97/2018 de 9 de marzo-), ni tampoco en relación con el artículo 393 CP (que exige en el uso, la finalidad de perjudicar a un tercero…)- STS 283/2018,de 13/06 (…).

La Audiencia Provincial de Zaragoza señala que, «Esta Sala no puede por menos que remitirse a nuestra sentencia de 21 de diciembre de 2016 en la que decíamos que en estos supuestos no concurre el elemento finalista, pues no consta que ningún tercero debidamente identificado pudiera resultar perjudicado por el estacionamiento indebido del acusado. Esto es, no puede bastar para aplicar el precepto penal el personal beneficio que obtiene el infractor al usar una plaza que no le corresponde, para eso ya hay sanciones administrativas, ni el hipotético perjuicio general a todos los legítimos titulares de tarjetas para discapacitados al que aludieron los agentes«. En definitiva, no basta para aplicar el art 393 CP el beneficio de usar, sin estar legitimada para ello, la tarjeta de movilidad reducida de su hermano, conducta que es sancionable en el ámbito administrativo, ni el hipotético perjuicio de las personas legitimadas a hacer uso de la plaza de aparcamiento restringido.

Dos eventuales obstáculos hay que sortear para indagar si es aplicable el art. 400 bis en relación con el art. 393 CP: a) comprobar si se puede hablar de un documento oficial; b) en caso afirmativo, verificar si está presente la finalidad de causar un perjuicio a un tercero.

Nos referimos a la STS 577/2020, de 4 de noviembre. La TEPMR se trata de un documento expedido por la autoridad correspondiente de la respectiva Corporación Local. Acredita que la persona que lo usa está autorizada para estacionar en lugares especialmente acotados de la vía pública. Es un documento oficial.

En zonas urbanas las plazas de estacionamiento se han convertido en un bien escaso, y el propósito prevalente será el ánimo de obtener un beneficio personal.

La jurisprudencia ha interpretado el término «perjuicio» en un sentido muy amplio; aunque siempre con cierta traducción material, aunque no sea estrictamente económica. Los perjuicios meramente morales, simbólicos, inmateriales o espirituales son insuficientes para integrar el tipo. Ahora bien, estaremos normalmente ante un perjuicio hipotético,  pero sin que se perciba como real el perjuicio, salvo supuestos insólitos (se estaciona adelantándose a otro vehículo que también tiene visible la tarjeta legitimada y que avanzaba hacia el hueco que finalmente ocupa la persona no legitimada). El perjuicio en que está pensando el art. 393 es un perjuicio real y efectivo.

La tarjeta acredita -«certifica»- que el usuario del vehículo está autorizado para ocupar unas plazas específicas de estacionamiento. En una primera aproximación no podemos descartar que su uso por persona diferente a su titular pueda tener acomodo en el art. 400 bis en relación con el art. 399 CP. Sin embargo, aparecerá un grave -insuperable- problema de tipicidad. Por azares del proceso legislativo y vaivenes en la interpretación de las leyes, el art. 398 CP en su redacción vigente, limita su tipicidad a las certificaciones con escasa trascendencia en el tráfico jurídico.

Si al documento que aquí estamos examinando se le ha otorgado la condición de documento oficial, considerando que su falsificación ha de ser castigada a través del art. 392 CP (STS 577/2020, de 4 de noviembre), no podemos, ahora, a estos efectos rebajarlos a la categoría de certificaciones de escasa trascendencia en el tráfico jurídico. No significa esto legitimar conductas insolidarias como la que es objeto de este procedimiento; ni minusvalorar su incidencia en bienes jurídicos que han de merecer una tutela que, en este caso, habrá de basarse en el derecho sancionador administrativo. No puede considerarse esa tarjeta certificación de escasa trascendencia en el tráfico jurídico. Su falsificación es constitutiva del delito del art. 392.  

En la actuación policial, si la tarjeta es original y se realiza el uso indebido de las TEPMR, se denuncia por boletín de Ordenanzas Municipales. En concreto, por el artículo 244 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Además, se interviene la TEPMR.

Quiero destacar, que la STS (Pleno) 343/2020, de 25 de junio, refiriéndose a un supuesto con alguna analogía, afirmaba la correcta ubicación en el concepto de certificación del distintivo que acredita haber sometido el vehículo a la ITV: «Por ello, si el proceso de certificación o su control corresponde a la Administración pública, cualquier reproducción o manipulación de estos marcadores, o la utilización no autorizada de los sellos legítimos, si se integra de manera definitiva en la ordinaria finalidad probatoria que se asigna al distintivo original y adquiere por ello su pleno significado, se integra plenamente en los dos primeros números del artículo 399 del Código Penal.

Podemos así concluir que los distintivos gráficos tienen la consideración de certificado a los efectos del artículo 399 del Código Penal, cuando confluyen en ellos las siguientes características: 1) Una previsión normativa que identifique un conjunto de productos, de servicios o de situaciones, a los que se exige cumplir unas cláusulas específicas para poder ser merecedores de una consecuencia también prevista; 2) El establecimiento de un sistema cerrado para el control de los condicionamientos impuestos; 3) La previsión normativa de un sello, o de un distintivo, al que se atribuye el significado de acreditar que concurren esas previsiones específicas en el objeto al que se incorporen y 4) Que corresponda a la administración pública vigilar la satisfacción de las exigencias de ese proceso».

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